Analisis de Coyuntura 2° Semestre 2008

En base a la actual realidad política, social y económica, se hace pertinente analizar y caracterizar el proceso manifestado y experimentado tanto por el bloque en el poder como por el movimiento estudiantil en el último periodo. Nuevamente nos encontramos en un momento lleno de situaciones complejas y problemáticas producto de una nueva ofensiva del bloque en el poder, a propósito de la correlación de fuerzas positiva que han generado en términos legales, sociales y represivos. Por lo demás se hace necesario reconocer las debilidades del movimiento estudiantil en relación a su poder, a su unidad y a su capacidad de articulación. Precisamente la intención no pasa única y exclusivamente por una descripción objetiva de los hechos, si no más bien por desarrollar una propuesta que nos permita superar nuestras flaquezas como movimiento y construir un poder estudiantil que sea capaz de hacerle frente a las intenciones del bloque en el poder, en vías a la concreción de nuestras demandas.

Cuando se duda del modelo las coaliciones se alinean.

El principal antecedente que demuestra la ofensiva del bloque en el poder, en torno al fortalecimiento de las políticas neoliberales, es la capacidad de consenso y resolución mostrada por las distintas coaliciones parlamentarias, comprendidas como la Concertación y la Alianza, en cuanto a la aprobación de la nueva Ley General de Educación “LGE”. Esta ley, mostrada mediaticamente como un avance en torno a las políticas sociales y al dialogo participativo y democrático en el chile “moderno e inclusivo”, en lo concreto, viene a ser exactamente lo mismo que la antigua LOCE, intentando dejar atrás el fantasma de la dictadura militar, siendo un cambio de forma pero no de fondo. La única diferencia sustancial ente LOCE y LGE, es que esta última hace una superficial declaración de principios, con una aparente pretensión reformadora, pero cuyo trasfondo reproduce la lógica neoliberal. Es decir, la educación sigue siendo concebida como un servicio al cual se accede por medio del dinero, despojando a las mayorías de su derecho a educarse digna y gratuitamente.

Otra problemática importante vinculada a la arremetida del modelo es el tema del transporte y la tarjeta nacional estudiantil. Si bien ya es cotidiano levantar año a año la reivindicación de derogación y/o modificación de los decretos 20 y 45 que regulan los recorridos, horarios y tarifas del servicio de transporte, en el último periodo se ha manifestado la negativa absoluta desde el gobierno y el empresariado del transporte, a pesar de las mesas de negociaciones caracterizadas por la imposición y la ineficiencia para las demandas estudiantiles. Por lo demás, los acuerdos mínimos sobre los criterios del transporte estudiantil no han sido respetados y en lo concreto se mantienen las mismas problemáticas iniciales al momento de plantear las demandas en la movilización. La TNE efectivamente es de carácter nacional, pero no da solución a los problemas de tarifa y horario, rompiendo con los fundamentos básicos de la creación de esta misma. Resulta clarificador el hecho de que se genere nuevamente un subsidio al empresariado del transporte para dar solución a la problemática de las tarifas, haciendo explicito nuevamente el carácter subsidiario del estado y el fortalecimiento del neoliberalismo en la actualidad, corroborando la tesis de que las políticas sociales quedan a merced del mercado.

Crisis educacional: ¿Autofinanciamiento o administración?

En cuanto al financiamiento de la educación, cada vez se hace más latente y aguda la crisis. La problemática provocada por la absoluta libertad del sector empresarial para invertir y lucrar junto a la voluntad irrestricta del gobierno para privatizar las instituciones o empresas estatales ha producido un sistema de competencia entre lo público y lo privado. A nivel secundario se experimenta la dureza de la municipalización en cuanto la distribución de recursos a través de una administración regional, sin proyección nacional y con una realidad diametralmente opuesta dependiendo del municipio y del tipo de establecimiento educacional en cuestión. Por lo demás, se financia a instituciones privadas de la misma forma que a las públicas, siendo Chile uno de los únicos países en aplicar dicha política publica. De esta manera, la desvinculación del estado de los establecimientos educativos se hace cada vez más palpable a propósito de dichos fenómenos. Las instituciones municipales públicas quedan muy por debajo de las particulares, haciendo entender que la proyección que se entrega a los estudiantes también es diametralmente opuesta, a propósito de su poder adquisitivo y de su futuro rol productivo.

Las universidades públicas viven un proceso de crisis, en distintos niveles, en base a la necesidad de recursos económicos y al autofinanciamiento. Desde que el estado se desvincula de su responsabilidad total con las instituciones de educación superior comienza a surgir el autofinanciamiento como medida de superación para hacer frente a la competencia y a la flaqueza económica. En esta situación, las universidades crean nuevas carreras de barata infraestructura, poca proyección laboral pero de alta demanda, aumentan constantemente los aranceles y aumentan los cupos de las carreras aunque no estén en condiciones de hacerlo. Este año ha sido un momento culmine para varias universidades del país con problemas de acreditación, endeudadas con la banca y con situaciones irregulares y de corrupción. El Aporte Fiscal Directo (AFD) es extremadamente reducido, no supera el 20% del presupuesto total, y el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) viene a elitizar la entrega de recursos puesto que es mayor para las universidades que se llevan los mejores puntajes, en relación al financiamiento de la educación superior. El gobierno no se hace irresponsable por dicha crisis y termina responsabilizando a la mala gestión de cada institución, desconociendo nuevamente su verdadero rol social. De hecho, tanto Yasna Provoste, controvertida ex ministra vinculada a ilícitos administrativos, como Mónica Jiménez, han dejado claro en sus pronunciamientos que el sistema en la actualidad funciona con buena gestión en términos ideales, y que las situaciones problemáticas o conflictivas caen en la responsabilidad de la comunidad universitaria.

No es para nada extraño reconocer a estas alturas del año que efectivamente ha sido un periodo de gran complejidad para los estudiantes del país, caracterizado por la carencia de una articulación reivindicativa y por la inexistencia de nexos de comunicación que generaran una correlación de fuerzas positivas a la interna del movimiento. El despliegue o destape de las universidades, primeras en movilizarse cuantiosamente, fue desarrollándose de manera parcelada, paulatina e inconstante. A nivel secundario se desarrolló algo más unificado pero que tampoco pudo generar referentes o grandes concentraciones más allá de la movilización en conjunto con los profesores que fueron convocados a lo largo de todo el país. Todo esto, frente a la posible aprobación del proyecto de la LGE y de la gran cantidad de Universidades en crisis financiera a lo largo del país. Uno de los principales problemas que no pudieron resolverse de manera eficiente fueron los relacionados a las condiciones temporales de la movilización. El proceso de lucha estudiantil tuvo alrededor de tres momentos de levantamiento y tres momentos distintos de caída, por lo que no se coincidió ni en un principio ni en el fin, todo esto junto a la múltiple diversidad de demandas que fueron levantadas.

El bloque social y su canalización reformista.

Agotadas las movilizaciones por parte de los estudiantes por el congelamiento de la tarifa, por el rechazo a la LGE y la derogación de la LOCE, casi sincronizadamente el gremio liderado por Jaime Gajardo levanta un paro por el “fortalecimiento de la educación publica” a horas de firmarse la aprobación de la LGE por la cámara de diputados. Ante esta emergencia, la concertación, para asegurar los votos por el pacto en educación firmado con la alianza y evitar la prolongación del paro, posterga la votación para el día siguiente donde por mayoría absoluta se aprueba la nueva ley por parte de los diputados. No se deja pasar mucho tiempo para que el colegio de profesores convoque a un nuevo paro junto con la CUT, aprovechando la coyuntura en el parlamento por el veto a la ley. Esta vez la movilización alcanzo menos adhesión y cobertura mediática y probablemente no se convoque otra de esta magnitud hasta la aprobación total de la ley.

No es casualidad que la directiva del colegio de profesores convoque a una nueva jornada de movilización. Es de esperar que el Partido Comunista, ante la negativa de reformar el sistema electoral (como se afirma en la declaración leída por Gajardo: “Reforzar el binominal, vinculación con la LGE; (…) para hacer reformas sociales hay que hacer reformas políticas” ) por parte del parlamento, despliegue todas sus bases sociales para causar un ambiente de descontento, canalizado por las pocas direcciones que le quedan a este partido, y de este modo darle un temporal dolor de cabeza al gobierno, dolor que no tiene otra proyección que poner sobre el tapete político intereses reformistas conforme con el marco jurídico-legal burgués.

En cuanto a la participación de la CUT, es simple. Si la movilización cuenta con dicha instancia sindical, por un lado se reafirma la calidad de “representante de los trabajadores”, puesto que, hasta el momento, se habían sumado numerosos gremios públicos y privados a la movilización, y por otro, con Martínez a la cabeza todo es mas fácil para el bloque en el poder si es que las aguas se mueven mas de lo debido; así el dialogo y el “nuevo congreso por mas y mejor educación publica” es en parte seguro y favorable para los de arriba, y en el peor de los casos para provocar confusiones entre el mismo bloque social. Esta presencia y canalización de la burocracia sindical dentro del movimiento de seguro beneficiará la correlación de fuerzas para ligar el “Segundo proyecto por el fortalecimiento de la Educación publica”, liderado por la nueva ministra Mónica Jiménez, al congreso proclamado por el gremio de profesores. De todas maneras, la masiva movilización se inscribe en el actual periodo de reactivacion del movimiento popular, dando un paso en la conciencia del profesorado de base.

Hacia la unidad y claridad política en el movimiento estudiantil y popular.

Los puntos en discusión en términos del horizonte de la lucha estudiantil fueron la democratización, el financiamiento, TNE y LGE, que si bien están conectados, existe una mayor importancia evidentemente de lo relativo a los temas estructurales vinculados al modelo. Lamentablemente dicha premisa no fue asumida inicialmente y se asumió dicha perspectiva de manera tardía, ya que algunos asumían el tema de la TNE y de las reivindicaciones internas como lo definitivo, dejando de lado la LGE y la crisis de financiamiento de la educación superior. Finalmente como se ha dicho, se hegemoniza lo relativo a la LGE, por una cuestión de coyuntura de agitación desde variados sectores sociales, evidenciando la incapacidad de los Zonales que no fueron capaces de generar consensos ni directrices mínimos más que convocatorias a movilizaciones, aunque a nivel de CONFECH se manifestaban acuerdos que a decir verdad representaban solamente a quienes se desempeñaban en las instancias de conducción política universitaria.

El avance que podríamos vislumbrar, en el actual periodo de luchas, en torno al movimiento social vinculado a la educación, ha sido, y continuara siendo, la articulación con la que se movilicen las distintas organizaciones representativas de los actores involucrados. Los estudiantes secundarios, los universitarios, los académicos y no académicos, debemos comprender que la victoria a nuestras demandas no caerá por voluntad del gobierno y los “políticos profesionales”, sino que será conquistado única y exclusivamente por la movilización conjunta y articulada, ya que como la experiencia nos ha demostrado, este modelo no cederá conscientemente para dar paso a nuestras demandas. Si de cuestionar el lucro se trata, el bloque en el poder está claro hace más de 30 años.

El camino que tenemos por delante es grande, y nuestras tareas como organizaciones político-sociales lo son aun más. Al movimiento vinculado a la educación, como el movimiento popular en su totalidad, le quedan muchas batallas por dar, muchas victorias y derrotas por vivir, pero al final de cuentas, el avance está en la experiencia que nos aporten tales luchas a nuestras organizaciones sociales, a la conciencia de las bases, a la politización de la clase trabajadora. Estos avances debiesen abrir las puertas a las proyecciones de las movilizaciones de todos los que luchan por dignidad, clarificando que la base de todas las problemáticas sociales están enmarcadas en el desarrollo del imperialismo en nuestro país y la imposición del modelo neoliberal.

Por el momento debemos continuar fortaleciendo las organizaciones sociales y los referentes de coordinación mediante prácticas libertarias, levantando programas coherentes de articulación social y apostando por la formación de sujetos sociales, siempre amparando como premisa la unidad de los sectores, superar el gremialismo, la burocracia y la mediocridad política, asegurando el libre camino para la voluntad popular.

¡¡Porque el Modelo No Cederá, Avanzar en la Lucha Popular!!

¡ARRIBA los que LUCHAN!